El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 9 de septiembre dos leyes de IA: SB 813 y AB 1405. Ambas regulan quién puede auditar sistemas de inteligencia artificial en el estado. Ninguna obliga a un desarrollador a encargar una auditoría.
Lo que crea realmente AB 1405
AB 1405, de la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, obliga a la Government Operations Agency estatal a abrir, antes del 1 de enero de 2029, un registro de auditores de IA con tarifas anuales y un canal para que el público denuncie malas prácticas. Desde esa fecha, «ninguna persona podrá ofrecer, vender o realizar una auditoría de IA cubierta sin estar registrada», y el número de registro deberá figurar en toda publicidad de servicios de auditoría. La ley define de forma estrecha qué es una «auditoría de IA cubierta»: la de los controles internos que un sistema de IA necesita para cumplir con la ley estatal.
Las reglas de independencia siguen el modelo contable. Un auditor no puede auditar un sistema que diseñó, construyó u operó para el cliente; su personal no puede buscar empleo en la empresa auditada mientras dura la auditoría, y no puede asignar a alguien que en los doce meses anteriores trabajó allí con responsabilidad sobre lo que se audita. Los informes deben declarar sus límites y cualquier «vacío material» en el acceso que se les concedió. Los empleados de la auditora que denuncien incumplimientos ante el fiscal general o el comisionado laboral quedan protegidos frente a represalias; una infracción le cuesta al auditor su registro y termina en una remisión al fiscal general. Los contadores públicos certificados (CPA) y las firmas contables cumplen automáticamente si ya siguen la Ley de Contabilidad de California y los estándares del AICPA, y sus infracciones se derivan en cambio a la Junta de Contabilidad. Trasplanta reglas que las finanzas adoptaron tras sus propios fracasos de auditoría, antes de que la IA haya tenido uno equivalente.
Lo que crea realmente SB 813
SB 813, del senador Jerry McNerney, ataca la otra mitad del mismo problema. Antes del 1 de enero de 2028, el estado debe fijar los requisitos de solicitud, los criterios de designación y los procedimientos de suspensión para una nueva categoría voluntaria de «organizaciones de verificación independiente» (IVO), desarrollada con grupos de trabajo que incluyen, en palabras de la propia ley, «ingenieros de empresas de IA que son competidoras entre sí y expertos en seguridad de IA». Una IVO puede cobrarle a la empresa evaluada «tarifas razonables de mercado», pero la ley prohíbe condicionar cualquier pago «a los resultados de su evaluación».
La propia ley marca sus límites: SB 813 no obliga a «ninguna persona, sociedad o corporación que desarrolle, despliegue u opere un sistema o modelo de IA» a contratar una IVO ni a someterse a una auditoría de IA cubierta como condición para operar en el estado. Una auditoría hecha según el estándar de la ley sí pesa después: en una demanda por daños, es «relevante para la acción, aunque no concluyente». Aun así, nada en el texto obliga a ninguna empresa a producir una. La cobertura que describió a California como el estado que ahora exige auditorías independientes de IA no resiste una lectura de esa cláusula.
Por qué los laboratorios lo apoyan
Los dos grandes laboratorios respaldaron las leyes. El portavoz de asuntos gubernamentales de Anthropic, Cesar Fernandez, matizó su elogio: «Si bien todavía hace falta más trabajo para que los desarrolladores de IA estén obligados a que expertos externos independientes evalúen sus salvaguardas, felicitamos al senador McNerney y a la asambleísta Bauer-Kahan». OpenAI anunció su respaldo el mismo día de la firma: dijo que ahora apoya leyes «que no habíamos respaldado antes y que apoyamos ahora tras reconsiderarlas a la luz del reciente salto en las capacidades», aunque advirtió que «estas leyes no sustituyen una regulación federal» y se comprometió a seguir presionando al Congreso por «requisitos nacionales obligatorios de seguridad en IA».
Un marco voluntario al que una empresa puede señalar sin verse nunca obligada a adoptarlo es fácil de respaldar; si esa es la razón por la que estos laboratorios apoyaron las leyes es una lectura de los incentivos, no una afirmación que haya hecho ninguna de las dos empresas. Lo que sí establecen como hecho las propias palabras de Anthropic es más concreto: la evaluación independiente de las salvaguardas sigue siendo opcional, según reconoce la propia empresa, incluso después de que se firmara la ley que acaba de elogiar.
Un plazo federal por encima del estatal
El calendario de California no es el único que corre. Un borrador de discusión de junio de 2026 de los representantes Obernolte y Trahan haría obligatorias las auditorías de IVO para los grandes desarrolladores de modelos de frontera, un paso más allá de lo que exige hoy SB 813. El mismo borrador anularía durante tres años las leyes estatales de IA, incluidas las de California, y hasta la fecha de ese reportaje no se había presentado formalmente.
Si una ley con esos términos se aprueba antes de enero de 2029, el registro que crea AB 1405 y los criterios que fija SB 813 para 2028 podrían quedar superados antes de que el estado llegue a usarlos. La propia declaración de Newsom al firmar pidió al gobierno federal «establecer regulaciones nacionales sólidas» para la IA. Que el Congreso responda a ese pedido, en los términos que hoy circulan en Washington, sacaría la cuestión de las auditorías de las manos de California.